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24 de noviembre de 2014

Gómez-Hidalgo vuelve a perder un nuevo juicio. Y ya van, al menos, doce.

Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Gómez-Hidalgo (PP) 

El delegado de personal y presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Torrijos gana en el juzgado de lo contencioso-administrativo, nº 2, de Toledo, la denuncia que le puso a los autodenominados “gestores de primera línea” que desgobiernan las arcas municipales torrijeñas por retirarle en enero de 2012 el complemento de productividad. 
En enero de 2012, sin justificación alguna, sin diálogo y en un claro ejemplo de la nefasta política de personal que llevan sufriendo los trabajadores municipales desde el año 2007, Gómez-Hidalgo decide de forma arbitraria retirar el complemento de productividad que un funcionario municipal percibía desde el año 2003. 


La causa de esta decisión, la podemos encontrar en el hecho de que este trabajador salió elegido, por mayoría absoluta, delegado de personal y presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Torrijos. Nos parece este un claro ejemplo de la inquina personal que tiene el gobierno de Gómez-Hidalgo hacia aquellos trabajadores que reivindican y hacen uso de su libertad sindical en defensa de los derechos de todos los empleados públicos del Ayuntamiento.

El delegado de personal denunció ante el juzgado de los contencioso-administrativo, nº 2, de Toledo la repentina retirada del complemento de productividad de su nómina y ha ganado el juicio. La sentencia obliga al Ayuntamiento de Gómez-Hidalgo a pagarle la cantidad de 10.924,20€, a razón de 312,12€ al mes desde enero de 2012, que dejó de percibir, y a seguir abonándole dicha cantidad en lo sucesivo. 

Esta sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Torrijos ante el Tribunal Superior de Justicia de Albacete, en un claro ejemplo de huida hacia adelante, sin contemplar el coste de abogados que esta decisión conlleva y que pagaremos todos los torrijeños.



Un nuevo juicio perdido

Desde que Gómez-Hidalgo toma las riendas del Ayuntamiento de Torrijos en mayo de 2007, su política de personal se ha caracterizado por despidos improcedentes, juicios perdidos, pactos antes de las vistas orales y denuncias de Inspección de Trabajo que estimamos en una suma total de más de 200.000€. A esta cantidad, hay que añadirle el coste de la minuta de los abogados que pierden los juicios para el Ayuntamiento de Torrijos. De tan solo seis de estos casos de los que tenemos información, el coste asciende a 10.000€.

Falta de pluralidad en la web del Ayuntamiento de Torrijos

Solo dos sentencias, ha ganado el consistorio torrijeño. Una, en el Tribunal Superior de Justicia de Albacete por el caso de A.M.L.G., la cual ya ha interpuesto Recurso de Casación en el Tribunal Supremo. Además, en dicha nota de prensa, se miente descarada y torticeramente cuando se exige a la trabajadora devolver la indemnización a sabiendas de que no puede devolver nada que no ha sido percibido previamente; y otra, tras la denuncia que presentó un policía Local por motivos organizativos de cuadrante. Ambas, han sido publicadas en la Web oficial del Ayuntamiento de Torrijos, pero ninguna de las doce sentencias que han determinado despidos improcedentes, ni los más de 40.000€ en multas y sanciones por Inspección de Trabajo. 

Exigimos, por tanto, que esa información también sea publicada en la web municipal y en su portal de transparencia del que tanto presumen y que hasta el momento tan solo es opaco.

8 de febrero de 2014

Nueva Sanción de 6.251€

Una nueva sanción 
que pagaremos todos los torrijeños



Inspección de Trabajo ha sancionado al Ayuntamiento de Torrijos por ofrecer dos empleos sólo para mujeres con una multa de 6.251 euros. El Consistorio ha recurrido la sanción, apelando al principio de discriminación positiva para favorecer a mujeres en situación de desigualdad laboral el acceso a un trabajo.

La sanción se refiere a la contratación dentro del plan de empleo municipal Torrijos Emplea de 2013 de dos patrulleras, empleadas a tiempo parcial (10 horas semanales) dedicadas principalmente a regular el tráfico en torno a los colegios en los horarios de inicio y fin de clase. Se pagaban 200 euros brutos al mes durante un semestre.

Junto con las condiciones generales para acceder a la bolsa de empleo del Ayuntamiento torrijeño, para estos dos puestos se reclamaba expresamente ser mujer mayor de 45 años. Trabajo aprecia por esto que se produce «una discriminación en el acceso al empleo» al reservarse los puestos de patrulleras «exclusivamente a mujeres» sin que en este caso «el hecho de ser mujer sea un requisito profesional y determinante» para  desempeñar estos empleos.


Trabajo fundamenta su sanción en diversa legislación europea y nacional contra la discriminación por motivo de sexo, incluida la Ley de Igualdad de 2007.